De cara a los hombres de negocios de la entidad potosina, Juan Ramiro Robledo apeló a la “mística empresarial” para aumentar en lo posible el salario de los trabajadores, ya que, dijo, ningún estado o país puede salir adelante si la gente no tiene capacidad de consumo. Por justicia e incluso en concordancia con los valores cristianos que imperan en nuestra sociedad, resaltó la importancia de incrementar la capacidad de ingreso de los trabajadores, pues agregó que es la única forma de acceder al desarrollo democrático, ya que de otra manera será más difícil salir de la crisis.
Refirió que hace décadas y en un debate nacional quedó zanjada la cuestión sobre quiénes son los responsables de crear y administrar empresas, de eso no hay duda, asentó, son los empresarios privados.
Ya que al estado –explicó– no le corresponde sino crear las condiciones económicas, fiscales y laborales para impulsar la generación de más y mejores plazas de trabajo.
Sin embargo, también les dijo que concibe al estado como “instrumento” para promover y vigilar la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comunidad.
En referencia indirecta a los candidatos a gobernador del PAN y del PRI, quienes también asistieron al evento, indicó que todos sabemos qué se debe hacer y cuáles son los problemas del estado.
Y agregó “todos tenemos buenas ocurrencias”, e incuso “las imprimimos en buen papel”, más tarde señalaría que algunos de esos programas de candidatos de la derecha, tanto del PAN como del PRI, se confunden con “revistas de sociales”.
El problema más bien estriba, añadió, en qué hacer para lograrlo.
En esa tesitura, planteó varias propuestas concretas, entre las que sobresale la de aumentar la “democracia directa”, preguntando a la gente en qué se debe gastar el dinero público y cuáles deben ser las prioridades sociales.
Señaló que todos los sectores y los ciudadanos en particular deben ser consultados sobre en qué obras, servicios y proyectos debe ocuparse el dinero público, el dinero de todos.
Por tanto, se comprometió a impulsar los cambios a la ley necesarios para que exista una verdadera ley del presupuesto, donde quede establecido en qué se puede y en qué no se pueden gastar los recursos públicos.
El candidato de cuatro partidos dijo además que en su gobiernos se realizarían votaciones a principios de año para que en todas las comunidades del estado, centros de población y cabeceras municipales la gente vote para decidir qué obras quiere que se construyan, y que los resultados de esos sufragios sean de carácter obligatorio para el presidente municipal y para el gobernador del estado.
Propuso la asociación de municipios por regiones para que conformen el “plan regional de desarrollo”, que debe integrarse al plan estatal, cuya programación debe hacerse por seis años y no por uno.
Al tiempo –complementó– se deben canalizar a los Ayuntamientos el doble de recursos del Ramo 28 para ejecutar las obras que decida la gente.
Aseguró al respecto que eso es posible con el presupuesto que maneja el estado, y que para ello sólo es necesario establecer una rebaja de sueldos de los funcionarios públicos a la mitad y un programa de austeridad y honradez en el manejo que haga el gobierno de las finanzas estatales.
Sobre esas innovaciones legales de avanzada y que incluyen cambios profundos de las instituciones, habló de que San Luis Potosí debe ponerse a la vanguardia de la reforma del estado en San Luis Potosí, disminuyendo, para empezar, el presidencialismo que hasta hoy se ejerce en la figura del gobernador del estado.
Sugirió así que el gabinete de gobierno estatal debe ser integrado por las fuerzas que concurran a las elecciones y que tengan representación en el Congreso del Estado, ya que no es justo –afirmó– que quien gana con un 35 o 40 por ciento de la votación se quede con toda la administración y trate de imponer todo su plan de gobierno.
Estimó que eso, aparte de ser injusto, provoca problemas de gobernabilidad y de falta de democracia y de transparencia en las acciones de gobierno.
En ese tema de la transparencia y la fiscalización de los recursos, indicó que es necesario que el auditor superior de fiscalización y los comisionados de transparencia y acceso a la información sean elegidos por la oposición, es decir por aquellos grupos sociales que sean minoría.
Documentó que eso sería seguir el esquema que hace muchos años tienen las sociedades mercantiles, donde son los socios minoritarios quienes revisan que el uso del dinero se haga con pulcritud, honradez y transparencia.
Por otro lado abordó el tema de la seguridad pública, donde argumentó que la exhibición en las calles y en la televisión de policías y soldados no combate en realidad el crimen organizado.
Aunque también aclaró a los empresarios ahí reunidos que el problema más urgente y preocupante que tiene México y San Luis Potosí no es el del crimen, sino el de la desigualdad social que acarrea serios problemas sociales y pone en riesgo la estabilidad del país.
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