A LA OPINIÓN PUBLICA EN SAN LUIS POTOSÍ
Me presenté a esta elección como candidato a Gobernador para contribuir a un cambio social en México y San Luis Potosí. Para buscar combatir desde la causa de la izquierda el más grave problema que tiene el país, que es la desigualdad social y todas sus consecuencias.
Hace tiempo estoy convencido de que esos males no pueden resolverse desde el partido conservador, ni siquiera desde la línea de otro partido que se asume como de centro izquierda, pero cuyas acciones y decisiones de dirigentes y gobernantes prácticamente han avalado desde hace años al gobierno de derecha que rige en México y en San Luis Potosí.
Propuse desde un principio manejar con austeridad y honradez el dinero público de los potosinos; rebajar los sueldos de los funcionarios; dejar a la oposición la propuesta para el auditor de fiscalización; instituir el estado de bienestar y lo que esto significa, que es asumir el gobierno la obligación de otorgar los bienes fundamentales para la vida digna de las mayorías empobrecidas; establecer en la Constitución el orden de preferencia del destino del gasto público; igualmente propuse reformas políticas como la independencia del ejercicio de la acción penal; instituir un gobierno de composición; la regionalización del gobierno a través de los municipios; la consulta obligada a la población para decidir las acciones e inversiones del Estado, entre otras muchas mas.
Algunas fueron retomadas por mis dos contrincantes, pero la mayoría de esas ideas quedaron ahogadas por el derroche incontable de recursos económicos que solo mandó mensajes publicitarios comerciales de esos candidatos, a través de la propaganda material y del control de la mayor parte de los espacios de comunicación.
La equidad democrática del proceso se perdió por lo anterior y porque la autoridad electoral incumplió su función fundamental de velar por los principios de imparcialidad, legalidad e independencia. Su comportamiento fue evidentemente omiso para detener la ingerencia del gobierno estatal y parar la intromisión de otros gobernadores y sus brigadas de Tamaulipas, Estado de México y Oaxaca, muchas veces denunciadas.
Por cuanto a los aspectos legales del proceso, a estas alturas cabe mencionar la ilegal sustitución de funcionarios en las vísperas de la jornada electoral y que la discordancia de cifras entre las votaciones federales y las locales, particularmente las de gobernador, no se pueden explicar por la tesis del voto diferenciado, porque la proporción que se pretende justificar aquí no se da en ninguno de los países mas democratizados del mundo.
Esta diferencia no solamente es entre ambas elecciones, sino entre las cifras de los propios partidos políticos y las finales que otorga el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pues el mismo Pri, a través de sus dirigentes y candidatos, afirmó públicamente, el martes pasado, haber acumulado 328,533 votos con el 91.6 % de las casillas computadas, según sus actas; de tal suerte que con el restante porcentaje no podría haber subido más de 100 mil votos, porque ello es aritméticamente imposible.
Yo no puedo reclamar nada para mí, pero sí agradecer los votos razonados que recibí, insuficientes frente a los que eligieron buscar una alternativa al Pan, pero que escogieron una opción muy parecida, proveniente del mismo gobierno panista saliente; a estos votantes desearía decirles que ojalá no se hayan equivocado y más cuando la persona formalmente electa no es quien tomará las decisiones del gobierno, sino el grupo político que lo escogió y lo maneja.
Pero lo que no se puede dejar pasar es la violación a los principios constitucionales democráticos, que no se respetaron con el desempeño de las autoridades y menos con los apoyos y recursos que se entregaron de manera tan dispendiosa a los otros partidos políticos, pues los límites permitidos para el gasto en las campañas fue rebasado varias veces por el PAN, el PRI y sus partidos aliados, lo cual produjo una total falta de equidad en la competencia.
Esto no debe continuar en México y me propongo plantear el caso de esta elección potosina, para llevar ante los tribunales del país la petición de que se condicione la legitimidad de una elección por su disparidad e inequidad, a fin de que se establezca claramente el principio de declarar inválida una elección de tal naturaleza, porque México no puede continuar por esa vía de regresión democrática donde el dinero compra y vence todo. Donde el hambre de la gente se utiliza para obtener votos.
Rebasar los topes de campaña, además, es una causa explícita de cancelación de la inscripción y registro de los partidos políticos, cuya consecuencia no está siquiera a discusión.
No puede aceptarse que sea legal y legítimo el resultado electoral obtenido con el dinero de los contribuyentes de otras Entidades del país.
Me quedo aquí, de pie, para proseguir la lucha con los mismos principios y propósitos de la causa, que abrigué al iniciar este proceso electoral.
A T E N T A M E N T E
C.c.p.- Dirigentes de los partidos PRD, PT, PC y PCP.
