
Frente a la emergencia nacional del la delincuencia organizada se hace necesario, dijo, cambiar el esquema federalista que hoy tenemos.
“No hay nada que esté empeorando en este momento más esa emergencia nacional de inseguridad, del delito mayor, de las mafias organizadas, que el concepto equivocado que tenemos del federalismo”, aseguró.
Pero también indicó que la actual forma de operar de dicho federalismo perjudica no sólo para garantizar mayor seguridad pública en todo el país, sino también para el desarrollo económico, pues la federación en la actualidad tiene un cúmulo de atribuciones y maneja también una cantidad desmedida de recursos.
Criticó que de esos recursos llegue una mínima parte a los estados y aún mucho menos a los municipios del todo el país.
“Se hace necesario distribuir el dinero de otra manera”, aseveró.
Por otro lado, agregó “me parece que deberíamos proponer en la Constitución la descripción de un gobierno intermedio, regional, que fuera el que se encargara de los programas de desarrollo regional y de las obras de infraestructura y equipamiento de las regiones y todo lo que tiene que ver con los servicios”.
Señaló que respecto a San Luis Potosí él está proponiendo “un cuarto nivel de gobierno”.
El cual consiste en que los Ayuntamientos se asocien en cabildos regionales para que elaboren al plan de desarrollo, y que de las participaciones del estado se les entreguen el doble de recursos del ramo 28.
Dicho plan de desarrollo sería elaborado por medio de consultas públicas donde la gente se manifestara sobre las prioridades y las obras que deseen que se hagan con el dinero del erario.
Sobre el mismo tema de buscar una mayor democratización, señaló que tiene pensado impulsar la integración de un gabinete plural de gobierno, semi parlamentario, integrado por las fuerzas políticas que concurran a las elecciones.
Además agregó que propondrá una ley para sancionar el nepotismo en todos los órdenes de la vida pública; así como la implementación del referéndum para la aprobación popular de las reformas legales trascendentes.
Por último, expuso la necesidad de que la Procuraduría de Justicia sea autónoma del Ejecutivo.
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