Juan Ramiro Robledo, candidato de cuatro partidos al gobierno del estado, resaltó hoy que su propuesta es por “un gobierno sin dispendios, que deje de rentar oficinas a los amigos, sin obras de relumbrón, ni apoyos ilegales a grupos preferidos”. Se comprometió también a publicar cada quincena los ingresos y egresos del despacho del gobernador y de todas las dependencias de la administración estatal, además de promover “una ley que sancione a los servidores públicos que no informen”.
Para ello, también señaló que los consejeros de transparencia y de fiscalización serán propuestos por la oposición, a fin de que no encubran a los funcionarios que estén en el poder.
Dijo que San Luis Potosí se encuentra muy endeudado, y que lo peor es que dichos compromisos financieros que atan hoy el desarrollo del estado fueron hechos para construir obras innecesarias, sin contar con que no hay claridad en el uso de recursos ocupados en las mismas.
“Por lo tanto –añadió– no se debe endeudar más al estado con obras innecesarias, y lo que debemos hacer es un programa de austeridad, de ahorro y una planeación de obras que vayan a lo más prioritario, al gasto social, es decir a la educación, a la salud, a los servicios indispensables, y al apoyo a los grupos que más lo necesitan como son los ancianos, las madres solteras y los niños”.
En ese mismo sentido se refirió a la necesidad de un “gobierno que actúe consecuente con la pobreza existente en San Luis Potosí”.
Su propuesta –indicó– es por un gobierno que instituya el “Estado de Bienestar”.
El cual debe asumir como “obligación constitucional proveer las condiciones mínimas de bienestar para los potosinos más pobres”.
De ahí que –explicó– se debe establecer un “presupuesto sexenal que defina las prioridades del Estado: infraestructura para el desarrollo, crédito al campo, servicios a colonias populares, comunidades rurales, zonas indígenas y grupos vulnerables”.
En esa política económica de gobierno los recursos deben dirigirse “a la educación pública abriendo los espacios necesarios y otorgando un salario estudiantil”.
Además de impulsar programas de salud pública, de cultura y deporte popular.
Luego del caso de la General Motors –hoy en crisis– a la que se canalizaron cientos de millones de pesos que estaban destinados a la industria potosina, señaló también que no se debe permitir que se vuelvan a desviar los apoyos de las pequeñas empresas para subsidiar a las grandes trasnacionales.
En ese sentido dijo que el impuesto a la nómina debe servir para complementar los salarios más bajos, “propongo un salario sobre la base del artículo 123 constitucional; que preserve el empleo”.
EN SAN MIGUELITO
Por otro lado, ayer por la noche, en un recorrido por San Miguelito, dio a conocer su propuesta de preguntarle a la gente, con una urna y a principios de cada año, qué obra quiere que se ejecute y que el resultado de las mismas votaciones sea una obligación de ley para el presidente municipal y para el gobernador.
En diálogo directo con los vecinos del lugar, les dijo “vamos a preguntarle a la gente cuál es la obra prioritaria que requiere, que es lo primero que necesita esta colonia”.
Y enseguida les ejemplificó “a ver, aquí hay tres o cuatro cosas: la urbanización de estas calles, el pavimento de estas otras, la composición del drenaje, el alumbrado parejo, la caseta de policía, la apertura de la red de agua potable”.
“Vamos a hacer consulta democrática con la gente, vamos a dejarle el qué a la gente, que nos diga que es lo que quiere, el cómo será preguntarle a la gente que es lo que quiere, ahí está la fórmula”, finalizó.
